El presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Agamenón Quintero Villarreal, presentó un derecho de petición para solicitar la revocatoria directa de la Resolución 2717 del 30 de diciembre de 2024, relacionada con la definición del nuevo valor de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para 2025.
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Esta normativa establece el incremento de la UPC en un 5,36%, cifra que según el dirigente gremial es insuficiente para cubrir los costos reales del sistema de salud. Quintero afirmó que este aumento no responde a las necesidades del sistema y podría poner en riesgo la calidad del servicio ofrecido a los colombianos.
“El aumento del 5,36% calculado para la UPC en 2025 está por debajo del costo real de una atención en salud. De esta forma es insostenible para el talento humano en salud del país y para el sistema mismo, ofrecer un servicio de calidad a todos los colombianos”, declaró.
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La petición también señala inconsistencias en la metodología utilizada para calcular el incremento de la UPC. Según el dirigente gremial, el informe elaborado por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de la Operación del Aseguramiento en Salud carece de rigor técnico. Este documento fue calificado como “no confiable” por el Viceministerio de Protección Social, lo que refuerza la solicitud de revocatoria.
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Además, solicitó al Ministerio de Salud que entregue los estudios previos realizados para justificar el incremento definido en la Resolución 2717. “Adicional a la revocatoria directa en torno a la definición del nuevo valor de la Unidad de Pago por Capacitación para 2025, en la comunicación al Ministerio de Salud solicitamos que se entreguen los estudios previos realizados para la estimación de este incremento de la forma como lo estableció la Resolución 2717 de 2024, con el fin de ser analizados a la mayor brevedad”, explicó.
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Por otra parte, un estudio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) advierte que el incremento de la UPC en un 5,36% podría generar un déficit de $10,4 billones en el sistema de salud durante 2025. Esta situación, según el estudio, agudizaría la crisis financiera que enfrenta el sector y afectaría directamente a Entidades Promotoras de Salud (EPS), hospitales públicos e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) privadas.
Además, el aumento del salario mínimo en un 9,5% para 2025 plantea un reto adicional, ya que solo el 10% de la UPC se destina a gastos administrativos, lo cual resulta insuficiente para cubrir estos incrementos. Esto podría derivar en despidos, recortes en servicios y mayores barreras de acceso para los usuarios del sistema.
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Necesidad de un reajuste
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas subraya que el sistema de salud atraviesa una crisis que no puede ser ignorada. Para evitar una desfinanciación mayor, el gremio insta al Gobierno a realizar un reajuste basado en estudios técnicos y en una metodología que refleje la realidad del sector.
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“Es necesario realizar un reajuste fundamentado en estudios técnicos y analizando de manera profunda la realidad del sector, de forma que no se desfinancie aún más el sistema y que pueda derivar en una crisis mayor”, enfatizó Quintero.
El derecho de petición también solicita que se establezcan mecanismos claros para evaluar los costos reales de atención en salud, evitando decisiones que puedan comprometer la sostenibilidad del sistema y la calidad del servicio prestado a los colombianos.
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“Un incremento inadecuado de la UPC no solo impacta a las instituciones de salud, sino que pone en riesgo el acceso oportuno de los usuarios a los servicios”, concluyó el presidente de la Asociación.
