La Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó sus reparos al proyecto de resolución con el que se busca declarar una zona de reserva temporal en las cercanías de Santurbán (Santander).
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La iniciativa tiene como objetivo categorizar un área de 75.357 hectáreas en el costado occidental del Macizo con miras a proteger los recursos naturales de la región. Esto se llevaría a cabo en la jurisdicción de siete municipios del departamento: Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.
De acuerdo con el ente de control, el borrador aplica incorrectamente el principio de precaución, imponiendo restricciones y excluyendo actividades económicas sin un principio de certeza científica.
“Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, este principio debe aplicarse excepcionalmente, solo cuando haya serios riesgos para el medio ambiente, pero no se justifica adecuadamente en todas las áreas de la zona propuesta para reserva, afectando actividades productivas legales y consolidadas o en proceso de formalización”, explicó la PGN.
Por esa misma línea, hizo énfasis en que el proyecto “no respeta situaciones jurídicas consolidadas de comunidades asentadas en el territorio”. Así las cosas, ese escenario no solo incentivaría la incertidumbre jurídica, sino que la medida también podría favorecer “el desarrollo de actividades de extracción ilícita de minerales y el consecuente deterioro ambiental, social y económico”.
Minería en el páramo de Santurbán, Santander
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Como parte de ese análisis, la Procuraduría señaló que la iniciativa no justifica la determinación de un área mayor a la que plantean los soportes técnicos en los que se basa el proyecto de resolución, lo que genera inquietudes sobre su justificación.
Además, resaltó la necesidad de que se dé una mayor participación de los sectores involucrados antes de tomar una decisión final. En especial, en lo que respecta a los actores del territorio y a las autoridades locales y regionales.
De igual forma, el ente de control advirtió que la resolución podría impactar a más de 600 pequeños mineros, así como fomentar la minería ilegal en la zona, aspectos que señala que deben ser analizados con mayor profundidad para evitar consecuencias perjudiciales para la población local y el desarrollo social y económico de la región.
Por estas razones, hizo un llamado a un debate más amplio y a un análisis detallado de los impactos de la resolución, solicitando que se respeten las situaciones jurídicas consolidadas de los mineros y que se culmine antes la delimitación adecuada del páramo de Santurbán. Esto en cumplimiento con la sentencia T-361 de 2017.
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