El Gobierno Nacional tendrá que reajustar la metodología de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Esto luego de que la Corte Constitucional declarara el incumplimiento general del componente de suficiencia de este indicador.
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Tras darse a conocer el fallo del alto tribunal, diversos actores del sector salud se pronunciaron sobre el tema. En su mayoría, las reacciones celebran la decisión, considerando que se trata de unas de las principales fuentes de financiamiento del Programa de Beneficios en Salud (PBS) y que ya se había advertido de los efectos que podría tener el no hacer un ajuste al valor.
Entre esas voces se encuentra Pacientes Colombia. El movimiento, que agrupa a 199 organizaciones de pacientes en todo el país, celebró la ordenanza de la Sala Especial de Seguimiento, al garantizar que el derecho a la salud no se vea condicionado por limitaciones presupuestarias.
De la misma manera, señaló que buscará que en las mesas de trabajo que se conformarán para cumplir con la orden de la Corte “se tomen decisiones y se evalúen alternativas que respondan a las necesidades de los pacientes”.
“En caso de que el Ministerio de Salud y Protección Social cumpla con lo exigido y se generen giros, revisaremos que esos fondos se destinen a la atención integral en salud, la entrega de medicamentos, asignación de citas, los pagos de los salarios del personal de la salud y la garantía de la red de prestación de servicios”, agregó la agrupación.
La organización de pacientes también destacó la determinación de la Corte Constitucional por la que se obliga a la Fiscalía General de la Nación a realizar las investigaciones correspondientes para identificar el cambio de la destinación de los recursos para fines distintos a la atención integral en salud.
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Ya se había advertido
El exministro de Salud, Augusto Galán, señaló que ya se venían emitiendo alertas. En especial, en lo que se refiere a la sostenibilidad financiera del sistema.
“El 2024 terminó muy mal desde el punto de vista financiero para el sistema de salud y el 2025 había empezado o empezó peor que el año anterior. Lo que está diciendo la Corte reafirma lo que los centros de pensamiento, sectores académicos y grupos de expertos habíamos señalado sobre con relación a la desfinanciación estructural del sistema”, resaltó.
Por su parte, la Asociación Nacional de Industriales (Andi) hizo énfasis en que esta decisión representa un paso fundamental para garantizar el derecho a la salud de los colombianos.
Salud
“La Corte, al evidenciar las deficiencias estructurales en el cálculo de la UPC y el impacto que estas generan en el financiamiento del Plan de Beneficios en Salud (PBS), subrayó la urgencia de contar con mecanismos transparentes y efectivos para garantizar que los recursos asignados reflejen las necesidades reales de la población. Esto incluye ajustar la metodología de cálculo, reconocer los rezagos acumulados desde 2021 y avanzar hacia la equiparación de los valores de la UPC entre los regímenes contributivo y subsidiado”, indicó el gremio.
La Andi también recordó que la insuficiencia de recursos con cargo a la UPC ha acumulado un faltante cercano a los $15,5 billones entre el 2022 y el 2024. Así las cosas, resaltó que “esta decisión no solo responde a una deuda histórica con el sector, que se ha agravado por las acciones y omisiones del Gobierno Nacional actual, sino que también sienta un precedente para fortalecer la gestión del sistema de salud en el futuro”.
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