Pese a que ha pasado un mes desde que la Comisión Séptima del Senado archivó con una corta mayoría el proyecto de reforma laboral que radicó hace más de 550 días el gobierno de Gustavo Petro, la situación de este proyecto aún no está clara, puesto que hay recursos legales que no se han definido y abrirían la puerta a que pueda regresar.
Así lo advierte un informe de Escandón Abogados y Orza, quienes resaltaron que si bien ya estaría claro que la consulta popular es el camino a seguir, no se han surtido todos los pasos para cerrar el capítulo de la Laboral y a falta de poco más de dos meses para que cierre este período legislativo, queda por resolver el recurso de apelación interpuesto por el senador Fabián Díaz, del Partido Verde.
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“Se trata, de hecho, del proyecto gubernamental con mayor tiempo en agenda legislativa en los últimos 20 años. En ese contexto, el argumento del bloqueo resulta funcional para el Gobierno de cara a la consulta popular”, indicaron en el reporte.
En todo esto también hay que tener presente que la falta de flexibilidad del Ejecutivo durante el proceso de negociación con el Congreso ha sido un factor determinante en su estancamiento, al igual que la ausencia de sustento técnico y claridad sobre el impacto de esta iniciativa en la economía nacional y el mercado laboral.
Reforma laboral
EL TIEMPO
“La apelación en curso es el último recurso dentro del procedimiento legislativo antes de su archivo. Aunque legalmente viable según el artículo 166 de la Ley 5 de 1992, su aprobación es altamente improbable. No solo porque la comisión accidental encargada de estudiar el recurso tiene una postura mayoritaria de cara al rechazo, sino porque su aprobación sentaría un precedente negativo sobre la autonomía de las comisiones constitucionales, frente al pleno y, más aún, frente al Ejecutivo”, agregaron.
Esta decisión está en manos de una Comisión Accidental, conformada por los senadores Juan Pablo Callo, Marcos Pineda, Efraín Cepeda y Jorge Luis Pérez; quienes votaron en contra del recurso. Así mismo, allí están Pedro Flórez y Ariel Ávila; cuyos votos fueron a favor, mientras que la senadora Angélica Lozano, según el reporte, es la única que falta por definir su posición.
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Un camino empinado
Otro dato que llama la atención es que aunque improbable, en caso de que la apelación prospere, el proyecto debería cursar nuevamente su tercer debate en el Senado, con un reloj en contra que expira el 20 de junio y teniendo en cuenta el tiempo para que se redacten las ponencias, el tiempo de tránsito entre la comisión y la plenaria, la existencia de otros proyectos clave para el ejecutivo y para los congresistas, se puede concluir que no hay tiempo para surtir los debates requeridos
“La incapacidad del Gobierno para consolidar mayorías en el Congreso no es un accidente del proceso legislativo, sino el resultado previsible de un esquema de gobernabilidad improvisado. Al inicio del periodo legislativo, la coalición oficialista contaba con 78 senadores declarados como parte del gobierno”, dice el informe.
Plenaria de la Cámara de Representantes en el congreso de la República.
Pedro Vargas
Respecto a esto último, recuerdan que hoy en día esa cifra se ha reducido a 39. Es decir, el Ejecutivo ha perdido el control de más de la mitad de su base de respaldo formal en el Senado. El resto, dividido entre independientes (43) y oposición (23), opera con autonomía y bajo lógicas de negociación que el gobierno no ha logrado leer ni gestionar.
“En paralelo, la inestabilidad del gabinete ha sido otro factor de erosión. Con 44 ministros en menos de tres años y un promedio de permanencia de 11,2 meses por cartera, el Gobierno ha demostrado una falta de continuidad alarmante. Las carteras de Educación y Transporte han sido especialmente inestables, lo que no es menor si se considera que ambas son claves para la agenda social del presidente”, acotaron.
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¿Y la consulta?
Desde Escandón Abogados y Orza también analizaron la situación de la consulta popular que está alistando el gobierno de Gustavo Petro, en cabeza de los ministerios de Trabajo y del Interior y manifestaron que se convertirá, además de un evento electoral, en un pulso político entre el Ejecutivo y el Legislativo, dado que en el Congreso insisten en mantener la puerta abierta a debatir la reforma laboral.
“Detrás de este pulso político hay algo más que normas laborales. Para el Ejecutivo, la consulta no solo es una vía alternativa para revivir su reforma, sino un instrumento de presión política. Si el Senado no le da el concepto favorable requerido, podrá acusar al Congreso de bloquear el mandato ciudadano; si lo hace, aunque la consulta no supere el umbral, el gobierno habrá logrado instalar su narrativa”, explicaron.
Consulta popular.
Archivo EL TIEMPO
Para estos analistas, la estrategia es funcional, ya que presiona al Congreso a moverse, permite movilizar a sus bases, y le da a Petro una tribuna para anticipar el tono de su liderazgo hacia las campañas de 2026.
“El presidente ya anunció que radicará personalmente el borrador de preguntas el próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, en medio de movilizaciones sindicales. Ese acto, cargado de simbolismo, busca consolidar el respaldo de las centrales obreras, reforzar el vínculo con su electorado tradicional y posicionar el relato de que es el Congreso el que frena los avances sociales”, resaltaron.
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Cabe recordar que a partir de la radicación, el Senado tendrá 20 días, prorrogables por 10 más, para emitir el concepto previo favorable. Si lo hace, el gobierno tendrá que expedir el decreto de convocatoria y organizar una votación en pleno año preelectoral, en medio de consultas interpartidistas y campañas al Congreso.
“El Gobierno espera adelantar la consulta en Octubre. Más allá del contenido de la consulta, lo que está en juego es la capacidad del gobierno de recuperar iniciativa en un contexto institucional adverso. La consulta no es solo un mecanismo jurídico: es una jugada política diseñada para reorganizar las condiciones del debate, activar emocionalmente a sus bases y fortalecer un relato de liderazgo popular frente a una clase política percibida como obstaculizadora”, dice el reporte.
Los analistas cerraron indicando que este doble juego fortalece la narrativa del Presidente de la República, puesto que si el Congreso actúa, valida la presión social; si no, refuerza la idea de que solo la calle destraba las reformas. Sin embargo, la implementación de la reforma por decreto tiene límites legales y solo podría hacerse con decretos con fuerza de ley bajo condiciones estrictas, como una consulta aprobada y sin respuesta del Congreso.
