La Unidad de Pago por Capitación (UPC) es el valor anual reconocido a cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), tanto del régimen contributivo, como del subsidiado. Esta prima tiene el objetivo de cubrir las prestaciones de servicios y tecnologías de cada paciente.
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Como es común, cada año, el valor de esta unidad debe crecer teniendo en cuenta diversos indicadores tales como el envejecimiento de la población, los costos del sistema, la población expuesta al riesgo y también la inflación.
Diferentes comentarios se han hecho en torno al cálculo del próximo año. Varios actores han publicado sus estimaciones, he incluso el mismo presidente, Gustavo Petro, ha dado indicios de lo que aumentaría el valor de este indicador de la salud.
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De hecho, el Presidente, aseguró a través de sus redes sociales que la Unidad de Pago por Capitación debe tener como referente el índice de la inflación. “Como no se permite la financiación de la atención preventiva y primaria a través de la UPC, por decisión judicial; ésta debe tener un sistema de transferencia diferente y destinarse exclusivamente a este fin”, opinó.
Por su parte, gremios como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), publicaron un documento en el que sugieren que el incremento de este indicador para el 2025 sea de 16,9%, con el objetivo de estabilizar la crisis financiera que enfrenta hoy en día el sistema de salud colombiano.
Frente a esto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, indicó que desde hace varios años los recursos no son suficientes, razón que ha llevado a acumular un déficit que tiene hoy en día en crisis al sector.
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“Cualquier cifra inferior implica un gran riesgo de salud y vida. No es razonable hacer de la salud un campo de disputa política, por mucha plata que represente. Hay que concentrarse en atender personas y en asegurarle a los pacientes su atención. Ojalá el gobierno tenga la madurez y la responsabilidad para asumir con seriedad su obligaciones constitucionales de darle salud a los colombianos”, dijo Mac Master.
Sistema de salud
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Cabe destacar que para este año, la UPC tuvo un incremento del 12,01% soportada en la inflación que en ese momento cerró en 9,73%, sumado a un 2,28% de inclusiones para actualización de servicios y tecnologías.
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Así mismo, el gremio detalló que esa estimación no tiene en cuenta los recursos faltantes que se han acumulado en el sistema entre las vigencias de 2022 a 2024, que solamente en el presente año ya hay un dinero faltante de al menos $10,9 billones.
“No incrementar la UPC a niveles suficientes significa la garantía de que se presentará una crisis de salud en términos de atención y operación del sistema. Es importante reiterar que es responsabilidad del Gobierno nacional, en cabeza de los ministerios de Salud y Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, definir el incremento de la UPC que garantice la operatividad del sistema de salud”, opinaron.
Ahora bien, otro de los puntos que genera preocupación sobre la decisión de la UPC, que deberá ser anunciada con plazo máximo hasta el 31 de diciembre, tiene que ver con el aumento del salario mínimo que por decreto presidencial quedó en el 9,54%.
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De acuerdo con la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana María Vesga, de cada $10 del gasto en salud, entre $6 y $7 se dedican a la remuneración del talento humano.
En ese sentido, la líder gremial aseguró que “un ajuste del 9,5% en salario mínimo tendrá un efecto directo y significativo en el costo de la salud para el año 2025. El ajuste de la UPC debe reconocerlo”.
Salud
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En la misma línea, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, destacó que preocupa y se vuelve crítica la discusión sobre la UPC en Colombia, después del anunció del incremento del salario mínimo.
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En concreto el congresista señaló que “tras el incremento de 9,5 % del salario mínimo para 2025 decretado por Gustavo Petro la discusión sobre el aumento de la UPC se vuelve aún más crítica. Si el presidente insiste en subirla solo al nivel de la inflación terminará de quebrar el sistema de salud y causará muertes”.
Incluso, actores como María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, indicaron que la definición de la UPC para 2025 es un tema crítico que exige responsabilidad y coherencia.
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“Esta debe ajustarse a las necesidades reales del sistema de salud, considerando factores como la inflación, la tasa de cambio y los costos crecientes. Mantener un rezago en los recursos profundiza la crisis presupuestal, afectando el acceso a servicios, tratamientos y medicamentos esenciales. Improvisar tendría graves consecuencias para millones de colombianos que dependen de un sistema adecuado y oportuno. Es urgente cerrar esta brecha para garantizar la sostenibilidad y calidad del servicio”, apuntó.
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¿Qué necesita la UPC?
Acemi infirió en que la correcta modelación técnica y actuarial del riesgo en salud es esencial para salvaguardar el derecho a la salud de los colombianos. La precisa cuantificación de la prima de riesgo representada por la UPC resulta indispensable para garantizar tanto la protección financiera de los hogares como el adecuado financiamiento de los servicios y tecnologías incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS).
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Por ello, aseguran que este cálculo deberá incluir diversos elementos fundamentales para garantizar su suficiencia. Entre ellos, se encuentra la consideración de la población expuesta al riesgo, las compensaciones pendientes de periodos anteriores, y una actualización inflacionaria que refleje tanto las inflaciones causadas, como las esperadas de 2024 y 2025.
Además, prevén que el denominado “trending inflacionario” se situará en torno al 11,3%, por lo que el ejercicio debe incorporar un análisis de las frecuencias de uso del sistema mediante un modelo estadístico que determine su tendencia a largo plazo.
Las estimaciones del gremio y del Ministerio de Salud sugieren que esta variación anual oscilaría entre el 6% y el 7%. Por otra parte, se debe realizar un ajuste correspondiente a los servicios que ya han sido prestados pero que aún no han sido reportados por las EPS (conocido como IBNR), lo cual representa aproximadamente el 3,6% de los costos anuales del sistema según datos del MSPS.
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Sin embargo, una incorrecta determinación de la tarifa podría exacerbar problemas de insuficiencia financiera que ya afectan al sector. Según cifras financieras de septiembre de 2024, el sistema presenta una siniestralidad agregada del 108%, lo que significa que por cada $100 recibidos por concepto de UPC, el gasto asciende a $108.
Este déficit acumulado ha generado una insuficiencia cercana a los $6,3 billones en los últimos tres años, sin incluir los costos administrativos, de acuerdo con los cálculos de Acemi y otros expertos en el tema.
