En primer lugar, es importante comprender a quiénes afecta la reciente medida dispuesta por el presidente Trump. De acuerdo a la orden, la revocación del parole humanitario CHNV atañe a los migrantes a quienes aún no se les venció el estatus, incluidos dentro de los 532.000 que ingresaron desde 2022. Algunos de ellos lograron realizar un trámite para regularizar su estatus, accediendo a otras herramientas como el asilo o el Estatus de Protección Temporal (TPP, por sus siglas en inglés).
Por otro lado, la orden emitida por el presidente Trump exige a aquellos que no tengan “base legal para permanecer en Estados Unidos” después del 24 de abril de 2025 que abandonen el territorio norteamericano. Las personas que pierdan el parole también dejarán de contar, automáticamente, con el permiso de trabajo otorgado por su estatus.
El tercer punto a tener en cuenta es que los migrantes afectados por la orden pueden contar con opciones para continuar en el país, y para conocer cuáles son las herramientas disponibles según cada caso particular es necesario que se comuniquen con un abogado de inmigración, según organizaciones de defensa de los inmigrantes. Todos los inmigrantes que no puedan ajustar su estatus antes del 24 de abril corren el riesgo de ser deportados por Estados Unidos.
La administración Trump puso fin al programa de parole humanitario y explicó las razones. Foto:iStock
Las razones de Trump para ponerle fin al parole
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cita en la orden los motivos por los que Biden lanzó el programa de parole humanitario (reducir la inmigración ilegal, mejorar las revisiones de seguridad de los admitidos y disminuir la carga para los funcionarios migratorios).
“Estos programas no representan un beneficio público, no necesariamente reducen los niveles de inmigración ilegal, no mitigaron lo suficiente los efectos de la inmigración ilegal y no sirvieron para los propósitos que se querían“, sostiene el DHS.
Además de calificar al programa como “innecesario”, el DHS concluye que los programas “son inconsistentes con las metas de política exterior de la administración“.
