Más de 40 organizaciones sociales, asociaciones de campesinos, mineros, productores agropecuarios, turismo, víctimas, organismos de acción comunal, junto a líderes comunitarios de la provincia de Soto Norte, anunciaron su decisión de declararse en ‘desobediencia civil’ en toda la provincia de Soto Norte, como respuesta al anuncio del Ministerio de Ambiente de implementar una Zona de Reserva Temporal por fuera del límite del páramo de Santurbán.
La comunidad alerta que la prohibición de la minería en municipios como California, Vetas y Suratá provocará el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas. Además, denuncian que el Minambiente no habría presentado soluciones frente a esta situación.
(Además: ¿Cómo conseguir uno de los 37.000 cupos que ofrece el Sena para estudiar gratis?).
“La imposición de zonas de reserva sin diálogo ni concertación desde Bogotá solo profundiza la crisis social y económica de nuestra región. Las decisiones que nos afectan deben ser tomadas aquí, con las comunidades de Soto Norte. Es hora de un verdadero compromiso del Gobierno con las personas que vivimos y trabajamos en este territorio“, afirma Holmes Valbuena, presidente de la Fundación Firmes Santurbán y exalcalde de California.
Comunidades de Soto Norte
Como parte esta ‘desobediencia civil’, las asociaciones anunciaron una serie de acciones como marchas, protestas, plantones, tutelatones, demandas, recolección de firmas y peticiones públicas. Además, indicaron que declararán como personas ‘no gratas’ en sus municipios a los activistas ambientalistas y políticos que, según ellos, “han impulsado la estigmatización de la pequeña minería legal, y que han promovido una zona de reserva antitécnica e inconsulta, cuyos únicos fines netamente políticos y electorales“.
(Además: Molestias en el Congreso y temores en la industria que genera la ley de financiamiento).
Además, denuncian que las decisiones no incluyen a los habitantes de Soto Norte en los debates ni consideran sus aportes para un ordenamiento territorial inclusivo. Aseguran que la situación ha generado malestar en las comunidades, ya que “las políticas propuestas afectan directamente las actividades productivas y el modo de vida de la región, perpetuando un sentimiento de abandono por parte del Gobierno Nacional“.
¿Qué proponen las comunidades?
1. La instalación de una mesa técnica con las comunidades de Soto Norte, como lo propuso el delegado de la Procuraduría General de la Nación en junio de 2024, y que fue avalada, segun mencionan, por la ministra de Ambiente.
2. Cumplir con el Acuerdo de Escazú, buscando promover un ordenamiento territorial que incluya a las comunidades locales.
3. Realizar una mesa pública de concertación en la provincia de Soto Norte a inicios de 2025, con la participación de múltiples actores gubernamentales, locales y sociales, para buscar soluciones consensuadas a la problemática.
PORTAFOLIO
