Si bien las bases de cómo piensa ejecutar el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, su prometida política de cero tolerancia contra los inmigrantes ilegales, e incluso legales, son aún fuente de especulación, lo que sí pudo establecer este diario es que desde hace semanas el gobierno del presidente Gustavo Petro, y en particular su embajada en Washington, viene sopesando el impacto de las medidas que tome el republicano y barajando alternativas para enfrentar la nueva realidad migratoria tanto a nivel doméstico como en el marco de su política exterior.
De momento, lo único claro, basado en las promesas de campaña de Trump y en la experiencia de su administración pasada, es que a partir del próximo 20 de enero -cuando el republicano se posesione-, la presión tanto interna como externa, si decide deportar a la mayor cantidad de personas posibles y cerrarle el paso a los migrantes, será enorme y, probablemente, motivo de nuevas tensiones diplomáticas con países de la región, entre ellos Colombia.
Hasta los portadores de green card podrían ser deportados. Foto:el tiempo
Y es que, a grandes rasgos, el republicano se ha trazado como primer objetivo deportar a por lo menos un millón de personas durante su primer año de Gobierno y millones más en los subsiguientes.
Adicionalmente, prometió continuar con las medidas aprobadas por Joe Biden para mantener el cerrojo en la frontera sur, limitar o suspender las solicitudes de asilo y/o refugio y cancelar toda una serie de programas de alivio como los Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), los de libertad condicional por razones humanitarias (Parole), los de reunificación familiar y otros más como el Daca, que protege a aquellas personas que llegaron a Estados Unidos ilegalmente siendo muy jóvenes y que prácticamente han desarrollado toda su vida en ese país.
El incumplimiento de las normas estadounidenses es motivo de deportación. Foto:Herika Martinez / AFP.
De ahí que el efecto sobre la comunidad colombiana que vive legal e ilegalmente en Estados Unidos podría ser profundo.
De acuerdo con el Migration Policy Institute, se estima que hay por lo menos unos 2,6 millones de colombianos que residen en Estados Unidos. De ellos, más de 800.000 serían indocumentados, mientras que otro porcentaje reside de manera legal, pero gracias a permisos temporales como el Daca o la reunificación familiar, a los que Trump le apunta acabar y que se ha traducido en un ambiente de pánico dentro la comunidad colombiana ante la posibilidad de una deportación forzosa.
Los equipos consulares se están preparando ante una posible política migratoria restrictiva para reforzar sus capacidades en asesoría jurídica y asistencia social.
Daniel García-PeñaEmbajador de Colombia en Estados Unidos.
En gran parte, el miedo emana de mensajes que circulan por redes sociales en donde abunda la desinformación. Pero, también de una amenaza que es muy real y que viene del mismo nuevo Gobierno estadounidense.
EL TIEMPO pudo establecer que tanto a los 12 consulados de Colombia que hay en Estados Unidos, como en oficinas de abogados y grupos que defienden las causas de los inmigrantes, las llamadas de consulta por el estatus migratorio se han multiplicado y el tono es de angustia.
Se estima que hay por lo menos unos 2,6 millones de colombianos que residen en Estados Unidos. De ellos, más de 800.000 serían indocumentados.
Migration Policy InstituteLaboratorio de ideas ubicado en EE. UU.
Si bien la mayoría de los analistas coincide en que a Trump le costará trabajo implementar su política de la noche a la mañana y encontrará obstáculos legales como los que se le atravesaron durante su primer gobierno (2017-2021), están de acuerdo en que las amenazas no son vacías y tienen un marco favorable, pues el presidente no solo llega con el mandato que le dio el electorado sino con un Congreso controlado por los republicanos y un sistema judicial que se ha tornado conservador y que podría bendecir muchas de sus medidas sin freno.
Migrantes fuera de un refugio en El Paso, Texas. Foto:AFP
El plan de la Embajada de Colombia en Washington para atender a migrantes
Así las cosas, la embajada de Colombia en Washington viene trabajando en varios frentes. Por un lado, le acaba de pedir a la Cancillería un incremento del presupuesto para poder ampliar los contratos de Asesoría Jurídica y Asistencia Social que manejan los consulados para que puedan atender a los miles de colombianos que se verán afectados.
Se trata de contratos externos de abogados y otras firmas que dominan el sistema migratorio de EE. UU. y que funcionan como asesores, no solo para informar a los colombianos de sus derechos, sino para orientarlos en temas complejos como la deportación de un familiar o los efectos jurídicos sobre las propiedades de una persona deportada.
Mantenemos una interlocución constante con los consulados como parte de una política exterior que prioriza la protección de los derechos de nuestra diáspora
Daniel García-PeñaEmbajador de Colombia en Estados Unidos.
También pidieron expandir el personal de planta de los consulados con miras a que puedan atender la avalancha de consultas que se avecina. Particularmente, en los de Miami, Orlando, Nueva York y Newark, que son los que atienden a la gran mayoría de colombianos que viven en Estados Unidos.
Así mismo, el Gobierno de Colombia tiene planeada una reunión con los 12 consulados en EE. UU. para afinar estrategias.
Según pudo establecer este diario, la idea inicial se concentrará en fortalecer los lazos con la comunidad y convertir a los consulados en una fuente confiable de información que impida que los colombianos sean víctimas de personas inescrupulosa que podrían intentar explotarlos económicamente prometiéndoles opciones inexistentes o servicios fraudulentos de residencia. Y recordarles, por ejemplo, que todos (incluidos los indocumentados) tienen derecho a comunicarse con su consulado en caso de ser arrestados por las autoridades.
Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos. Foto:Joel González – Presidencia de la República
Posteriormente, bajo la asesoría adecuada, Colombia busca trasmitirles mensajes básicos a quienes se consideren en riesgo de ser deportados como evitar firmar papeles sin la presencia de un abogado y asesorarlos sobre las protecciones básicas que ofrecen los tratados internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual EE. UU. hace parte.
Y es que en el 2017, durante la primera administración Trump, las autoridades les ofrecían a los indocumentados firmar un papel para exonerarlos de toda responsabilidad legal cuando en realidad lo que estaban aceptando era una preclusión de su derecho al debido proceso que permitía su deportación instantánea.
De paso, también se pretende fortalecer los contactos con los consulados y embajadas de otros países para coordinar acciones y expandir las redes de protección para los migrantes acercándose a las autoridades locales para entender cómo se están aplicando las políticas federales en cada circunscripción, puesto que no en todos los estados y ciudades se ejecutarán de la misma manera.
“La Embajada de Colombia, en estrecha coordinación con sus 12 consulados, ha intensificado sus esfuerzos para garantizar una respuesta integral frente a los retos actuales. Mantenemos una interlocución constante con los consulados como parte de una política exterior que prioriza la protección de los derechos de nuestra diáspora”, le dijo a EL TIEMPO el embajador Daniel García-Peña.
Colombia es el octavo país con más capturas de migrantes en Estados Unidos Foto:EFE/Abrahan Pineda-Jacome
Según el embajador, “los equipos consulares se están preparando ante una posible política migratoria restrictiva para reforzar sus capacidades en asesoría jurídica y asistencia social. Estas acciones buscan mitigar la incertidumbre que ha generado la información de público conocimiento, y brindar apoyo efectivo, especialmente a quienes se encuentran en situación migratoria irregular”, explicó el embajador al destaca que el compromiso es “asistir a los colombianos y garantizar el respeto por sus derechos”.
Las cuentas que hace Colombia sobre el impacto de la política antinmigrante de Trump
Adicional a la esfera doméstica, Colombia también hace cálculos sobre el impacto que tendrán las medidas de Trump en las relaciones bilaterales.
Si bien se espera que México y los países de Centroamérica sean los más afectados por su proximidad geográfica, no es un secreto que Colombia también está en la línea de fuego por ser un país de tránsito para los millares de inmigrantes con rumbo al norte.
En ese sentido, se especula que el nuevo mandatario exigirá mayores controles al flujo por el Tapón del Darién (frontera con Panamá) bajo la amenaza de recortes a la ayuda bilateral o la descertificación en la lucha contra las drogas en caso de no cumplir.
EE. UU. pidió a Colombia un reporte sobre cómo controla la ruta migratoria del Darién. Foto:Jaiver Nieto.
Incluso hay temor de que Trump termine incrementando los aranceles a las exportaciones colombianas para presionar al gobierno y como acaba de anunciar que hará con México y Canadá si no controlan sus fronteras.
También anticipan que el nuevo Gobierno de Donald Trump presionará a Colombia para que reciba a los ciudadanos de otros países con los que Estados Unidos no tiene relaciones, como Venezuela.
Consideramos que la mejor medida para evitar la migración irregular es continuar fortaleciendo la cooperación bilateral
Daniel García-PeñaEmbajador de Colombia en Estados Unidos.
Por supuesto, a eso se suman a las dificultades logísticas económicas y sociales de recibir a cientos de miles de colombianos (si Trump cumple su promesa) y la caída en las remesas que estos envían y que hacen parte importante del PIB del país.
¿Colombia busca ser socio de Estados Unidos para detener migración ilegal?
Si bien el Gobierno del presidente Petro baraja alternativas de cómo atender la emergencia, sobre todo, defiende su intención de ser proactivo a la hora de ofrecerse como un socio en los esfuerzos para detener la migración ilegal y así ser parte de la solución más que del problema.
Colombia, finalmente, es el país que más venezolanos ha recibido en años recientes y que de otra forma irían camino a EE. UU.
De hecho, uno de los objetivos centrales del Gobierno será insistirle a la nueva administración Trump que Colombia, al recibir a más de 2,5 millones de venezolanos y regularizar su situación, terminó siendo un embudo que frenó el flujo de migrantes hacia el norte. Y a un costo muy alto, pues el país invierte anualmente el 1,2 por ciento de su PIB en la atención a la población migrante.
“Colombia y Estados Unidos han construido una alianza estratégica de carácter bipartidista, trabajando con demócratas y republicanos que reconocen a nuestro país como parte de la solución y no del problema. Por eso, consideramos que la mejor medida para evitar la migración irregular es continuar fortaleciendo la cooperación bilateral”, recalca el embajador García-Peña.
Salieron desde la ciudad mexicana de Tapachula (sur). Foto:el tiempo.
De acuerdo con García-Peña, esa cooperación, que espera continúe con el gobierno Trump, “es la que permitido que Colombia acoja a millones de migrantes venezolanos” que podrían ir camino a Estados Unidos y la que condujo al acuerdo tripartita con Panamá que ha reducido de manera destacada el éxodo a través de la peligrosa selva del Darién.
Lo que falta ver es si el nuevo ocupante de la Casa Blanca le da a esto el mismo valor que le otorgaba el saliente gobierno del demócrata Joe Biden.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
