Tal y como lo prometió en campaña, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este domingo, en su primera entrevista tras ganar las elecciones, que desde la hora cero de su llegada a la Casa Blanca intensificará las políticas de inmigración.
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Entre los grandes cambios que tendría su política migratoria está intentar, desde el día uno de su presidencia, acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento, aunque para ello tendría que cambiar una de las enmiendas de la Constitución.
El magnate ha manifestado que durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021) quiso poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva, pero la llegada de la pandemia modificó sus planes.
Estos cambios, además de los posibles operativos para deportaciones masivas, tienen en vilo a cerca de un millón de colombianos, que viven legal o ilegalmente en Estados Unidos y que estarían en riesgo de ser devueltos a Colombia.
Debido a esto, la embajada de Colombia en Washington viene trabajando en varios frentes.
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Las implicaciones que tendría una presidencia de Trump en Colombia.
EFE
Según conoció EL TIEMPO, la embajada colombiana le pidió a la Cancillería un incremento del presupuesto para poder ampliar los contratos de Asesoría Jurídica y Asistencia Social que manejan los consulados para que puedan atender a los miles de colombianos que se verán afectados.
“Se trata de contratos externos de abogados y otras firmas que dominan el sistema migratorio de EE. UU. y que funcionan como asesores, no solo para informar a los colombianos de sus derechos, sino para orientarlos en temas complejos como la deportación de un familiar o los efectos jurídicos sobre las propiedades de una persona deportada”, señala EL TIEMPO.
De acuerdo con el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, “los equipos consulares se están preparando ante una posible política migratoria restrictiva para reforzar sus capacidades en asesoría jurídica y asistencia social. Estas acciones buscan mitigar la incertidumbre que ha generado la información de público conocimiento, y brindar apoyo efectivo, especialmente a quienes se encuentran en situación migratoria irregular”. Además destacó que el compromiso es “asistir a los colombianos y garantizar el respeto por sus derechos”.
Otro de los frentes en el que contempla trabajar el Gobierno del presidente Petro es mostrarse proactivo a la hora de ofrecerse como un socio en los esfuerzos para detener la migración ilegal y así ser parte de la solución más que del problema.
Colombia, finalmente, es el país que más venezolanos ha recibido en años recientes y que de otra forma irían camino a EE. UU.
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De hecho, uno de los objetivos centrales del Gobierno será insistirle a la nueva administración Trump que Colombia, al recibir a más de 2,5 millones de venezolanos y regularizar su situación, terminó siendo un embudo que frenó el flujo de migrantes hacia el norte. Y a un costo muy alto, pues el país invierte anualmente el 1,2 por ciento de su PIB en la atención a la población migrante.
“Colombia y Estados Unidos han construido una alianza estratégica de carácter bipartidista, trabajando con demócratas y republicanos que reconocen a nuestro país como parte de la solución y no del problema. Por eso, consideramos que la mejor medida para evitar la migración irregular es continuar fortaleciendo la cooperación bilateral”, recalcó el embajador García-Peña a EL TIEMPO.
PORTAFOLIO
Con información de Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
