A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) manifestó su preocupación por la ponencia positiva de la ley de financiamiento, que está en trámite en el Congreso de la República, asegurando que representa un gran golpe contra la viabilidad de la industria del carbón en Colombia.
Mencionan que esta propuesta gubernamental no solo destruiría la inversión y pondría en riesgo la sostenibilidad de la industria, sino que también comprometería miles de empleos y recursos vitales para las comunidades.
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La ACM afirma que el incremento de la sobretasa, sumada a la tarifa de renta, elevaría el impuesto sobre la renta de la industria al 55%, mencionando también que en los 10 principales países productores de carbón del mundo, el promedio de la tarifa de renta es del 26%.
Debate presupuesto nacional
César Melgarejo/ CEET
También sostienen que cuando se combinan las tarifas de regalías, las cláusulas de precios altos y los elevados costos de producción post-pandemia, la rentabilidad de las inversiones en Colombia se erosiona a niveles insostenibles.
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Según la asociación de minería, la nueva propuesta introduce una sobretasa aplicable en escenarios de precios bajos, lo que la convierte en una medida prácticamente permanente que se fundamenta en indicadores de precios internacionales que no reflejan en su integridad las condiciones del mercado colombiano.
“El Gobierno Nacional debe aclarar si su intención real es marchitar la industria del carbón, poniendo en peligro los aportes sociales, ambientales y económicos. De ser así, es necesario que se le hable con claridad a las empresas, los trabajadores y las comunidades y que entre otras cosas muestren los planes que tienen para sustituir estos ingresos en los territorios, pues ni el corto ni en el mediano plazo existe una actividad que pueda reemplazar los recursos que genera el carbón”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
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Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM
ACM
Y agregó: “Hago un llamado al Congreso de la República para que revise a profundidad este articulado y no permita que este gobierno obtenga recursos para los dos próximos años y deje desfinanciados a los departamentos y municipios en el futuro. Espero que las decisiones se tomen ponderando la estabilidad fiscal del mediano plazo y sin comprometer el sustento futuro de tantas familias, sin dar un debate profundo y suficiente, que permita analizar el verdadero impacto regulatorio”.
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