La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió hace unos días una acción de tutela presentada por el ciudadano Breyner Aaron, quien pide frenar la consulta popular convocada por el Gobierno presidente Gustavo Petro.
(Lea: Petro espera que en 2 meses todo el país este vacunado contra la fiebre amarilla).
Con esta acción, Aaron solicitó también que las reformas sociales sean debatidas por el Congreso en pleno, al considerar que sus derechos fueron desconocidos tanto por el Presidente de la República como por la Comisión Séptima del Senado.
En el documento, el accionante cuestionó al Senado por archivar la reforma a la salud sin un debate pleno.
(Aquí: EPS Sanitas alerta sobre intento de suplantación y posible fraude a los afiliados).
Por su parte, también reprocha el llamado del Gobierno a realizar una consulta popular, debido a que esto podría costarle al erario público más de 500 mil millones de pesos, “sin garantizar la participación ciudadana previa ni el éxito del mecanismo, como ya ocurrió con la fallida consulta anticorrupción”.
En la acción también se solicita que el magistrado del Consejo de Estado aplique la excepción de inconstitucionalidad al artículo 2 de la Ley 754 de 2002, al considerar que esta norma impide que las reformas sociales sean debatidas por los 280 congresistas que integran el Senado y la Cámara de Representantes.
Presidente Gustavo Petro
Presidencia Colombia
A juicio del demandante, este procedimiento desconoce el principio democrático, pues ocho senadores no deberían decidir por los más de 40 millones de ciudadanos que votaron por el Congreso y el presidente.
La tutela reclama además que se garantice el derecho a la participación de todos los colombianos en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
En ese sentido, Aaron propone que, antes de convocar a una consulta popular, el presidente consulte previamente a los ciudadanos a través de medios tecnológicos, como un enlace virtual (link), para evitar el uso exclusivo de marchas, las cuales, según el accionante, muchas veces terminan en desórdenes y no resuelven nada.
(Además: Mesa de Negociación Sindical: lo que piden los sindicatos y lo que viene en la agenda).
También exige que se debata de manera prioritaria una reforma estructural a la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios. Asegura que de sus 188 artículos solo tres benefician realmente a los usuarios y denuncia que la Superintendencia de Servicios Públicos ha fallado más del 90% de los recursos en contra de los ciudadanos.
El Consejo de Estado, tras revisar los requisitos, decidió admitir la tutela y ordenó notificar al presidente de la República y a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado.
PORTAFOLIO
Con información de EL TIEMPO
