Mayor celeridad y seguridad jurídica, pedidos de la CCI al Presidente Petro | Infraestructura | Economía

En el marco del congreso anual de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), el presidente de este gremio, Juan Martín Caicedo, expuso una serie de solicitudes y propuestas al presidente Gustavo Petro, orientadas a la reactivación de la economía y el impulso del sector de la infraestructura. Caicedo destacó la importancia del sector como motor de desarrollo económico para el país, e hizo un llamado a garantizar los recursos necesarios para la ejecución de proyectos clave tanto en obra pública como en iniciativas privadas.

Uno de los puntos principales abordados por Caicedo fue la necesidad de asegurar una adecuada financiación para la ejecución de las 21 iniciativas de los programas Legalidad y Reactivación 2.0, que requieren una inversión estimada en $3,5 billones para el año 2025. Según Caicedo, es fundamental contar con los recursos necesarios para garantizar el buen desarrollo de estos proyectos.

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“En esa línea, compartimos el planteamiento de la cartera de Transporte, en el sentido de apalancar dichos proyectos mediante la consecución de créditos, eventualmente con Findeter, que bien serían respaldados con las vigencias futuras, ya aprobadas hasta el 2030, para ese propósito”, señaló Caicedo.

Adicionalmente, Caicedo pidió que se dé mayor celeridad al programa ‘Colombia Avanza 1 y 2’, que tiene como objetivo conectar las zonas más apartadas del país mediante la construcción de vías terciarias, secundarias y parte de la red nacional de carreteras. “Esta invitación, quisiera extenderla a los denominados ‘Caminos Comunitarios’”, indicó Caicedo, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer la infraestructura vial en áreas rurales y de difícil acceso, para mejorar la conectividad y el desarrollo regional.

En cuanto a las iniciativas privadas, Caicedo señaló que uno de los desafíos más grandes que enfrenta el sector es darle continuidad al portafolio de proyectos aeroportuarios. Entre estos, destacó proyectos como el nuevo aeropuerto de Cartagena, El Dorado Max y su campo de vuelo, así como los aeropuertos del suroccidente, como el Alfonso Bonilla Aragón.

Según Caicedo, estos proyectos representan una inversión cercana a los $27 billones de pesos, una cifra significativa que, según él, sería difícil de incorporar en el presupuesto del Estado. Por ello, subrayó la importancia de continuar con el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP), que permite llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura con el apoyo del sector privado.

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“Si sumamos la inversión de cada una de las referidas iniciativas, estamos hablando de recursos cercanos a los $27 billones. Un monto considerable que el Estado difícilmente podría incorporar en su presupuesto. Por eso es vital este modelo”, señaló Caicedo.

El presidente de la CCI también hizo un llamado para mantener y fortalecer el modelo de las APP, resaltando la necesidad de crear un clima de confianza para los financiadores y accionistas de estos proyectos, bajo un marco de seguridad jurídica. En este contexto, destacó la importancia de las vigencias futuras como mecanismo clave para apalancar los proyectos de APP.

“Ya que hablo de las vigencias futuras, figura esencial para apalancar los proyectos de APP, permítanme poner sobre la mesa, ahora, la importancia de restablecer las tarifas de los peajes. En ese sentido, vemos con buenos ojos los recientes anuncios de los ministros María Constanza y Ricardo Bonilla, según los cuales -antes de que termine el año- se efectuará el ajuste pendiente del 4,64%”, explicó Caicedo.

Además de las propuestas en materia de financiación, Caicedo sugirió seguir por la línea de nuevas fuentes de financiamiento para obras de infraestructura, entre las cuales mencionó el instrumento de “obras por impuestos”.

“Ahora lo oportuno que resultaría potenciar e, incluso, explorar nuevas fuentes para financiar obras de infraestructura. En varios escenarios hemos dicho, por ejemplo, que el instrumento de ‘obras por impuestos’ -cuya efectividad está comprobada- bien podría fortalecerse, lo cual su gobierno ha logrado de forma satisfactoria”, indicó Caicedo. Según el dirigente, para el año 2024, el cupo disponible en esta modalidad alcanzará el billón de pesos, lo que podría ser una fuente significativa de recursos para los proyectos de infraestructura.

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Otro tema destacado por Caicedo fue la valorización como una fuente de ingresos adicional para financiar obras de infraestructura. En este punto, hizo énfasis en la necesidad de que los recursos provenientes de este mecanismo se inviertan en los proyectos ubicados en las regiones donde se aplica la contribución.

“El mecanismo podría ser viable, entre otras, porque ya cuenta con soporte y marco legal. Eso sí, llamo la atención sobre la conveniencia de invertir los recursos – provenientes de la valorización- en proyectos ubicados en las regiones donde se aplica la contribución”, apuntó Caicedo. Aclaró, sin embargo, que estos recursos no deben sustituir otras fuentes de financiación ya establecidas en los contratos de infraestructura.

En cuanto a la gestión de los proyectos en Bogotá, Caicedo destacó la importancia de hacer ajustes institucionales para superar las dificultades que históricamente se han presentado en la ejecución de obras en la capital. En particular, mencionó la necesidad de crear una instancia que lidere una verdadera coordinación interinstitucional de alto nivel, y sugirió una reingeniería del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) para mejorar su capacidad de gestión.

“Para llevar la ejecución de este portafolio de obras a buen puerto, es fundamental hacer ajustes de carácter institucional, con el propósito de superar las dificultades que, históricamente, se han interpuesto en el buen desarrollo de las obras de la capital. Me refiero puntualmente a la creación de una instancia que lidere una verdadera coordinación interinstitucional -del más alto nivel- y, de la misma manera, a la necesidad inaplazable de hacerle una reingeniería profunda al IDU”, afirmó Caicedo. También mencionó que muchos de los retrasos en las obras no son atribuibles a los contratistas, sino a problemas en la gestión del IDU.

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Finalmente, Caicedo hizo un llamado a la defensa del pliego-tipo, una herramienta que ha sido clave para estandarizar los procesos contractuales en Colombia y evitar prácticas de direccionamiento indebido. “Todos sabemos lo que ha significado y significa el pliego-tipo para el gremio. Un instrumento que estandariza los documentos precontractuales y evita su direccionamiento; práctica que antiguamente -de manera inadmisible- habilitaba a únicos oferentes, que terminaban siendo los adjudicatarios de los contratos”, recordó Caicedo. Según él, la implementación de esta herramienta ha permitido garantizar la competencia y la transparencia en la selección de contratistas.

En términos de cuentas pendientes, Caicedo también mencionó que se había reunido con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para discutir el pago de una deuda de 500 millones de pesos que el Invías tiene con firmas de consultoría, interventoría y construcción en proyectos de obra pública. Estas facturas ya tienen seis meses de retraso, pero, según Caicedo, el ministro Bonilla aseguró que las deudas se pagarán antes de finalizar el año.

PAULA GALEANO BALAGUERA
Periodista de Portafolio