El Gobierno Nacional ha reconocido como deuda pública la suma de $819.667 millones correspondientes a los ajustes de los presupuestos máximos de la vigencia 2022 en el sector salud. Esta decisión, plasmada en la Resolución 0369 del 19 de febrero de 2025, busca saldar cuentas pendientes con las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y avanzar en el saneamiento definitivo de los recursos destinados a la atención médica.
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El reconocimiento de esta deuda se sustenta en el artículo 153 de la Ley 2294 de 2023, que establece mecanismos para regularizar los pagos por servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La medida también responde a los compromisos adquiridos en la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, cuyos efectos financieros aún impactan el sistema de salud colombiano.
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Según la Resolución, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) determinó y liquidó el valor de los ajustes presupuestales, estableciendo que estos deben ser pagados con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2025. La certificación emitida por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) el 27 de enero de 2025 aprobó la inclusión de estos pagos en el Plan Financiero del año en curso.
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El documento detalla que los recursos serán distribuidos entre distintas EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado. Entre las entidades con mayores montos a recibir se encuentra la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A., que obtendrá más de $281.476 millones de pesos entre ambos regímenes. Sanitas EPS S.A.S. recibirá cerca de $95.110 millones, mientras que EPS Sura y Salud Total percibirán $55.694 millones y $53.783 millones, respectivamente.
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