En los últimos días, la situación en el sector de la salud se ha venido poniendo tensa, no solo por la discusión de la reforma en sesiones extraordinarias, sino también por los autos de la Corte Constitucional hacia el Ministro de Salud, Guillermo A. Jaramillo y hacia la cartera.
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En contexto, el alto tribunal emitió dos autos; el 2049 de 2024 y el 007 de 2025, donde en el primero pide aclaraciones respecto a la administración de los presupuestos máximos, es decir los recursos que no están contemplados dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y el segundo se refiere a las dudas sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Teniendo esto en cuenta, la situación ha estado elevándose, debido a que los autos de la Corte, según los expertos, en el marco de la Constitución Política se hicieron para cumplirse, y aún más los que se dan en el seguimiento de la Sentencia T-760/08, que busca garantizar el derecho fundamental de la salud.
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De acuerdo con Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, el Gobierno está entrando en una actitud dilatoria a cumplir con las órdenes constitucionales de los jueces, lo que lleva a resquebrajar la independencia de los poderes y se desafía al Estado Social de Derecho.
“Al final las órdenes dictadas en el marco de la sala especial de seguimiento de la sentencia T-760/08 son precisamente para garantizar el derecho fundamental a la salud de la población colombiana, cuya rectoría corresponde precisamente al mismo Ministerio que ha decidido dilatar el cumplimiento de esas órdenes”, opinó González.
Sin embargo, esta situación tiene un trasfondo esencial que son los pacientes. El sector de la salud en los últimos años se ha enfrentado a una serie de desafíos que implican una desfinanciación del sistema, deudas y carteras en rojo, y así mismo una serie de intervenciones en las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que ha llevado a los pacientes a un punto de riesgo por los problemas estructurales.
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Tribunales en salud
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En ese orden de ideas, los expertos sostienen que en este momento está en juego la salud, el bienestar de la población y el cumplimiento de la institucionalidad y de los procesos institucionales. Así lo confirmó Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, quien además señaló que en este tipo de casos no se pueden evadir o subvertir las responsabilidades por parte de Ministerio.
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“Lo que la Corte está diciendo es que, como se había advertido, el sistema de salud tiene una desfinanciación estructural que tiene que ser corregida y eso lo tiene que hacer el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Hacienda, porque también en el auto se dice que esta segunda cartera también es garante de esa responsabilidad”, indicó.
Cabe señalar que el auto 007 de 2025, el que se refiere a la suficiencia de la UPC para este año, tiene unas implicaciones, al igual que el 2049 de 2024, sobre un posible desacato por parte del Ministro y de la cartera.
Sin embargo, el mismo Ministerio de Salud, por medio de un comunicado, argumentó que los autos que dictan las órdenes, no están en firme dado que se pidieron aclaraciones, pero es de precisar que en principio, la solicitud de aclaración no suspende el cumplimiento de la orden judicial.
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“Esto se debe a que los autos de la Corte Constitucional en el trámite de órdenes de seguimiento tienen efectos inmediatos, salvo que expresamente se disponga lo contrario por la misma Corte en el caso concreto, y excepcionalmente procede tal solicitud después de cumplir una serie de requisitos que en verdad ameriten la aclaración, lo cual deberá ser evaluado por la Sala; esto ha sido reiterado en distintos pronunciamientos”, dijo el presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico.
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Por esto, una de las situaciones que podrían suceder, en caso de que no se cumpla con las órdenes, es que después de un debido proceso, el Ministro y los funcionarios públicos encargados de cumplir las órdenes judiciales podrían ser declarados en desacato.
“Esto lo que implicaría conforme al art 52 del Decreto Ley 2591/91, es que podrían ser sancionados con arresto de hasta seis (6) meses y multa de hasta 20 SMLMV hasta que se cumpla la orden, sin perjuicio del inicio de las acciones penales a que hubiere lugar, en especial los punibles de fraude a resolución judicial, prevaricato por omisión, entre otras contenidas en la Ley 599 de 2000 (Código Penal)”, explicó González.
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Implicaciones en el sistema
Según datos que conoció Portafolio, el no poner frente a la situación de los presupuestos máximos puede derivar en un aumento del riesgo para los pacientes, en especial, los de alto costo, debido a que las barreras en salud se incrementarían afectando el servicio de los usuarios.
Cabe destacar que los recursos destinados a los presupuestos máximos no son una prima de riesgo, por lo que es importante detallar que si el cálculo de los mismo no es el indicado y se desfinancia esta parte de la salud, no habrá servicios.
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Por esa razón, se estima que el sistema de salud colombiano ya empezó el año desfinanciado, no solo por la decisión de aumentar la UPC para 2025 solamente en 5,36%, sino también porque solo de presupuestos máximos harían falta unos $4,2 billones.
Además, si se retoman las consideraciones de aumento de la UPC que informaron los diferentes actores como Anif, Acemi y la Andi, la salud de los colombianos estaría desfinanciada en este 2025 en promedio en $12,9 billones.
Eso quiere decir, que solo en lo que va del año, sin cerrar febrero, el país ya tiene un déficit en salud cercano al billón de pesos. Por esto, Augusto Galán reiteró que los autos de la Corte buscan que se establezca una mesa de trabajo,no solo para financiar adecuadamente este renglón, sino también para abordar los cálculos que se hacen para la determinación de los recursos.
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“Las órdenes comprenden varios aspectos sobre el cálculo del rezago que ha habido en la UPC del 2021 hasta la fecha y que tiene que ser corregido, sobre la metodología de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación, sobre el presupuesto máximo que tiene que pagar el atrasado del 2022 y que tiene que estar claro cuánto quedó debiendo en el 2024 y debe proceder también a pagarlo”, concluyó.
