Los debates de la ley de financiamiento no han comenzado de forma oficial y al interior del Congreso de la República hay todo un revuelo por los cambios que hizo el Gobierno Nacional al articulado que finalmente se radicó, a menos de una semana de que se acaben las sesiones ordinarias.
La manzana de la discordia está en los más de 10 artículos que aparecieron en el proyecto a discutir este martes -10 de diciembre- en las comisiones económicas conjuntas, especialmente en el impuesto a dividendos, que, recordaron, se viene discutiendo desde el 2022 y ya se había concluído que era inconveniente gravar dos veces las utilidades.
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De igual forma, hay molestia porque consideran que se están cambiando las reglas de juego sin que haya consensos, lo cual fue calificado por ellos como una arbitrariedad que incluso busca revivir tributos que ya desaparecieron, luego de que se demostrara que no tenían mayor aporte a la economía.
En un mensaje conocido por Portafolio, enviado desde el Congreso al ministro de Hacienda, Diego Guevara, se advierte que la reactivación del impuesto de timbre y los cambios en el régimen Simple afectan a pequeños emprendedores como tenderos y peluqueros. En contraprestación, le pide que se concentre en usar los recursos que no se han ejecutado del Presupuesto General de la Nación de este año.
Impuestos
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Por otra parte, tanto en el Senado como en la Cámara pusieron la atención en el impacto de los recursos destinados a problemas como la erosión costera, el aumento en costos de servicios públicos y combustibles, y las modificaciones a la regla fiscal, ya que para ellos, esto genera incertidumbre sobre la sostenibilidad económica del país.
Con todo lo anterior, denuncian que antes de implementar medidas directas contra la evasión, que según la Dian podría significar $100 billones anuales, se percibe que el Gobierno busca cargar con más impuestos a los contribuyentes cumplidos, desincentivando la competitividad y la inversión extranjera.
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Algunos sectores del Congreso, opositores al gobierno Petro, manifestaron que la nueva propuesta de ley de financiamiento se asemeja más a una ley de amnistías que no es consecuente con la regla fiscal y aumenta los riesgos de que crezca el déficit, amenazando la imagen que tiene Colombia ante las calificadoras de riesgo.
Esto último, luego de anticipar que las medidas podrían llevar a un menor recaudo fiscal en 2025 y 2026, al cierre de más industrias y un aumento en el desempleo, en lugar de promover la reactivación económica que tanto han pedido para hacer frente a la desaceleración y recuperar los niveles de crecimiento previos a la pandemia.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Archivo particular
Poco apoyo
Uno de los puntos que llamó la atención de la nueva ponencia de la ley de financiamiento, además de los cambios en su articulado, es el poco apoyo que recibió por parte de los congresistas, dado que apenas se radicó con siete firmas de los 40 integrantes de las Comisiones Económicas Conjuntas.
De acuerdo a lo visto en el texto y lo explicado por el Ministerio de Hacienda, la ponencia tiene 50 artículos y “contiene un conjunto de medidas que procuran financiar las necesidades del Presupuesto General de la Nación, para cumplir las metas sociales del Gobierno, en un marco de reactivación económica que reconozca los efectos de acción climática y resulte fiscalmente sostenible”.
Según explicó la coordinadora ponente, Olga Lucía Velásquez, con esta iniciativa se busca un recaudo de $11,5 billones. Sobre el nuevo monto, aseguró que se esperaba una meta de recaudo de entre $8 billones y $10 billones, descartando la posibilidad de que se recaudaría una cifra superior.
Entre los ajustes de la nueva iniciativa, la representante a la Cámara mencionó también la eliminación del artículo que quitaba el beneficio del IVA para vehículos híbridos, así como los que hacían lo mismo con los beneficios tributarios por ganancia ocasional.
