El gobierno del presidente Gustavo Petro enfiló oficialmente baterías la semana pasada, para sacar adelante la consulta popular, que se espera sea radicada el próximo 1 de mayo ante el Congreso, con movidas como la revelación de las preguntas que tendrá este sondeo, con el que busca, entre otras cosas, sacar adelante todo lo que se le cayó con el hundimiento de la reforma laboral.
Diversas han sido las reacciones desde que se conocieron los 12 interrogantes frente a los que los colombianos deberán decir si quieren o no, por ejemplo, que la jornada nocturna empiece a las 6 de la tarde, que la jornada de trabajo dure máximo ocho horas o que los recargos dominicales y festivos se paguen al 100%.
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Entre los pronunciamientos más fuertes está el de los empresarios, quienes calificaron como amañado el cuestionario y recordaron que cambios como los que busca esta movida del Ejecutivo, pueden repercutir en la pérdida de medio millón de empleos en el país y un eventual repunte de la desaceleración económica.
A estos reclamos y alertas, se deben sumar las fuertes críticas jurídicas que se lanzaron recientemente desde el sector jurídico, en un reciente análisis, de las firmas Escandón Abogados y Orza que concluyeron que las preguntas formuladas para el mecanismo de participación ciudadana presentan problemas de sesgo, falta de claridad y deficiencia técnica, lo que podría afectar tanto su legitimidad como su aplicabilidad futura.
Los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino, y del Interior, Armando Benedetti, presentaron al país las preguntas de la consulta popular.
EFE
Planteamientos anti-técnicos
De acuerdo con el documento, las preguntas contienen errores de fondo y forma que, lejos de promover un debate informado, inducen a respuestas favorables al Gobierno, plantean escenarios confusos y abren la puerta a eventuales conflictos jurídicos y administrativos.
Por ejemplo, respecto a la primera pregunta, que reza “¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. M.?”, sostienen que el Gobierno plantea dos interrogantes en una misma pregunta – jornada y trabajo nocturno-, lo que resulta antitécnico y genera confusión.
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Lo mismo pasa con el segundo interrogante, “¿está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?, en la que recuerdan que actualmente se encuentran en curso tres proyectos de ley sobre este asunto, por lo que prevalece el ejercicio legislativo del Congreso sobre la iniciativa del Ejecutivo.
“La redacción supone que la ciudadanía comprende los temas sobre los cuales se le consulta, a pesar de tratarse de asuntos complejos que, en su mayoría, resultan ajenos al conocimiento general, lo que convierte las preguntas en formulaciones poco claras y confusas”, acotaron en el reporte.
Informalidad.
Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
Este patrón se repite en otros interrogantes, como el que propone la creación de un fondo especial para campesinos, sin especificar las fuentes de financiación ni las condiciones de otorgamiento del bono pensional, lo cual es considerado ambiguo y técnicamente insuficiente.
Por otra parte, frente a la pregunta 3: “¿está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos’”, señalaron que es una pregunta abierta y genérica que no especifica el tipo de incentivos, ni el origen de los recursos que los financiarían, con lo cual se podrían generar confusiones más adelante.
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Inducción al error
Otro aspecto crítico identificado por Escandón Abogados y Orza es el sesgo evidente en la redacción de varias preguntas. Muchas de ellas parten de presupuestos erróneos o incompletos, sugiriendo que derechos laborales hoy existentes no están garantizados o que prácticas laborales extendidas son injustas per se.
Un caso citado es la pregunta sobre la formalización de trabajadoras domésticas, madres comunitarias y otros trabajadores informales, en la que según los expertos, se parte de la premisa incorrecta de que estos grupos carecen de toda protección laboral, cuando en realidad ya existe una legislación vigente que establece garantías mínimas para ellos.
Archivo Portafolio.co
Asimismo, se cuestiona el lenguaje utilizado en interrogantes como el de la tercerización laboral. La pregunta señala que los contratos sindicales “violan los derechos laborales”, un calificativo considerado subjetivo y parcial, que no corresponde a una formulación neutral, como exige la normativa aplicable a las consultas populares.
“¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por períodos menstruales incapacitantes? Desconoce que el empleador ya está obligado a reconocer permisos, los cuales deben ser previamente reglamentados. Resulta imprecisa pues presupone la inexistencia de garantías a las trabajadoras”, indicaron respecto a la pregunta 4 del cuestionario.
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Además de lo ya mencionado, el informe dice que varios interrogantes omiten precisar aspectos claves de su aplicación práctica. Por ejemplo, la obligación de contratar personas con discapacidad no toma en cuenta la realidad de la oferta laboral, ni aclara cómo se resolverían las dificultades de implementación frente a perfiles técnicos y operativos específicos, lo que incrementaría la exposición de las empresas a litigios laborales.
La evaluación también resalta el desconocimiento del ordenamiento jurídico actual en algunas preguntas. En el caso del otorgamiento de permisos laborales para tratamientos médicos y licencias menstruales incapacitantes, se señala que las normas laborales vigentes ya contemplan estos derechos, siempre que estén debidamente reglamentados.
“Plantear estos temas como nuevos derechos podría no solo inducir a error, sino también crear falsas expectativas entre los trabajadores y ciudadanos votantes, deteriorando la confianza en las instituciones públicas y en el propio mecanismo de consulta”, advirtieron.
La consulta popular podría costarle al país, en promedio, $119.000 millones. Sin embargo, estimaciones basadas en iniciativas anteriores, como la consulta anticorrupción de 2018, sugieren que el gasto podría superar los $400.000 millones si se consideran ajustes por inflación y ampliaciones logísticas.
