La primera audiencia del juicio contra la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida hace diez meses y acusada de terrorismo en Venezuela, fue diferida, informó este miércoles su abogado a la AFP.
“La audiencia estaba fijada para el día de hoy (…). Pasadas las 4 de la tarde se informa del diferimiento”, comentó el abogado Juan González Taguaruco, quien denuncia que las autoridades le han negado el acceso a la activista, obligada a tener un defensor público.
González Taguaruco dijo que se pospuso “bajo el argumento” de que San Miguel no fue trasladada desde su sitio de reclusión en Caracas hasta la sede de los tribunales.
Suele ser una de las causas de retraso procesal en los juicios contra opositores detenidos en este país sudamericano.
San Miguel, experta en temas militares y directora de la ONG Control Ciudadano, fue arrestada el pasado 9 de febrero, vinculada por las autoridades con un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro, lo que su defensa niega.
Se le acusa de los delitos de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, según informó el fiscal general, Tarek William Saab.
De doble nacionalidad venezolana y española, San Miguel se encuentra detenida en El Helicoide, temida cárcel del servicio de inteligencia que organizaciones de derechos humanos califican como “centro de tortura”.
Su defensa denunció la semana pasada que la abogada no ha recibido atención médica adecuada tras una fractura en un brazo sufrida en una caída.
La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU expresó en su momento preocupación por la detención de San Miguel, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian una “escalada” de las autoridades contra activistas.
¿Quién es Rocío San Miguel?
La activista de 57 años es crítica del gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como lo fue de Hugo Chávez, razón por la que fue despedida del Consejo Nacional de Fronteras el 12 de marzo de 2004 tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio contra Chávez.
San Miguel fue una de las miles de personas que apareció en la llamada Lista Tascón, del diputado chavista Luis Tascón, quien se encargó de publicar los nombres de los venezolanos que pidieron revocatorio contra Chávez, muchos de ellos perseguidos y
despedidos de sus puestos de trabajo.
Ante esto, San Miguel ganó un caso contra Venezuela en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación de derechos políticos y de expresión, tras su despido.
Desde entonces se dedicó a documentar casos de violación de derechos humanos a través de su ONG Control Ciudadano. También ha supervisado los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
*Con AFP