La facturación electrónica es una de las apuestas más recientes de la Dian, en la que se han puesto gran parte de los esfuerzos de las autoridades tributarias del país, con el fin de aumentar el recaudo y generar nuevos ingresos para las arcas de la Nación, fortaleciendo la lucha contra la evasión y el control de activos y transacciones.
Es por esto que desde mediados del 2023, el Gobierno viene realizando pedagogía con los empresarios y operativos en las diversas regiones para garantizar que se cumplan con las normas que rigen este proceso. Así mismo, al parecer trabaja en algunos ajustes a las reglas de juego, de acuerdo con informaciones recientes.
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Esta semana se conoció que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicó un nuevo proyecto de resolución que introduce modificaciones significativas a la Resolución 000165 de 2023, que rige la facturación electrónica, e impactará a todas las empresas obligadas a facturar electrónicamente en Colombia.
Karoll Cuadros, gerente de eCommerce de Sovos Saphety, explicó que básicamente se habla de medidas que buscan optimizar la trazabilidad tributaria, reforzar la protección de datos personales y fortalecer el control sobre la facturación digital. Todo con el fin de hacer más fácil el control de las emisiones y transacciones.
Factura electrónica
“Este proyecto de resolución no solo modifica los procedimientos de facturación, sino que redefine la relación entre las empresas y la DIAN. La exigencia de validación de datos y la limitación en la recolección de información marcarán un antes y un después en la gestión tributaria digital del país”, indicó.
¿Qué cambia?
Uno de los principales cambios se da en la restricción para la recolección de datos del adquirente, ya que a partir de la nueva normativa, los facturadores electrónicos solo podrán solicitar nombre, identificación y correo electrónico del comprador, eliminando la recolección de datos adicionales como dirección, en línea con las normas de protección de datos.
“También se implementará un sistema automatizado donde los facturadores obtendrán los datos del adquirente con su número de identificación, lo que agiliza la facturación, pero genera dudas sobre la seguridad y acceso a la información”, acotó.
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En este borrador de resolución también se establece que las empresas de servicios públicos podrán generar y transmitir el documento equivalente electrónico hasta 48 horas después del servicio, facilitando la operación en zonas con baja conectividad, pero retrasando la fiscalización.
“Se prohíbe incluir cobros adicionales en facturas de servicios públicos sin autorización del usuario, garantizando transparencia y evitando costos no justificados y se endurecerán los controles para verificar el cumplimiento de la facturación electrónica, y la Dian aplicará sanciones más severas, incluyendo multas y bloqueos operacionales”, sostuvo Cuadros.
Factura electrónica
Oportunidad por aprovechar
De acuerdo con la experta, estos cambios, así como generarán retos para las empresas, también representan oportunidades clave para el crecimiento y la optimización de las empresas en Colombia, comenzando porque la modernización de las plataformas de facturación abre la puerta a una mayor eficiencia operativa y a la optimización de procesos clave dentro de las empresas.
Así mismo, resaltó que la validación de datos con la Dian y la mejora en los procesos de facturación digital permitirán una mayor precisión y agilidad en las operaciones comerciales, mientras que la centralización de la información en una base de datos de la DIAN incentiva a las empresas a fortalecer sus protocolos de seguridad y protección de datos.
Por último, explicó que adaptarse a tiempo a los nuevos lineamientos no solo garantizará el cumplimiento de la regulación, sino que permitirá a las empresas mejorar su gestión financiera y evitar riesgos asociados a sanciones.
“Las empresas deben comprender que la Dian no solo está regulando la facturación electrónica, sino que está exigiendo un nivel de trazabilidad y control sin precedentes. Esto obligará a las compañías a integrar tecnología avanzada para garantizar el cumplimiento normativo sin afectar su eficiencia operativa”, señala.
