Mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación General del Trabajo (CGT) presentaron una propuesta de cuestionario para la consulta popular sobre derechos laborales.
(Vea: América Latina podría enfrentar una crisis social si no fortalece la inversión).
Según dijeron los sindicatos en la misiva, su idea “responde a la necesidad urgente de erradicar la precariedad laboral, combatir la discriminación estructural en el mundo del trabajo, fortalecer la democracia en el trabajo y recuperar derechos arrebatados con la nefasta reforma de la Ley 789 de 2002. Además, se apoya en los principios consagrados en las normas internacionales del trabajo, como los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y en buenas prácticas globales, y comparadas“.
Agregaron que, en materia de precariedad laboral, la propuesta que presentaron “parte del reconocimiento de que dicha condición, a menudo ligada a la informalidad, es una forma de exclusión social que priva a millones de personas del acceso a derechos básicos“.
Así las cosas, los puntos principales de la sugerencia de cuestionario que hicieron son:
– Priorizar la contratación directa, la estabilidad laboral y la formalización con derechos, incluyendo la incorporación plena de los trabajadores rurales y contratistas.
– Prohibir la tercerización de actividades del giro principal de las empresas, siguiendo el modelo mexicano, “donde recientemente se prohibió la subcontratación de actividades principales con resultados positivos para las y los trabajadores; y cerrar las puertas a su reaparición mediante empresas de servicios temporales mal utilizadas”.
(Vea: Nuevas exigencias del mercado laboral).
– Reforzar el principio de estabilidad, haciendo del contrato indefinido la regla general, limitando los contratos temporales a necesidades claramente justificadas y temporales, como lo recomienda la OIT.
– Reconocer el derecho a la reincorporación en caso de despido derivado de prácticas ilegales de intermediación o contratación simulada.
Trabajadores.
Las claves del cuestionario propuesto
Los sindicatos también se refirieron a la discriminación laboral, tema sobre el que propusieron aplicar las mejores prácticas internacionales, sobre todo la doctrina de los órganos de control de la OIT y el sistema de Naciones Unidas, y pidieron medidas concretar para enfrentarla.
“Se parte del hecho de que la discriminación en el trabajo por criterios históricamente sospechosos afecta a millones de personas en el país, limitando su acceso a empleo, permanencia y desarrollo profesional. Por ello, se propone establecer la presunción de discriminación en estos casos, con inversión de la carga de la prueba, y garantizar el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados, incluso mediante la reincorporación o la reparación integral“, complementaron.
En cuanto a negociaciones con trabajadores no sindicalizados, dijeron que es una necesidad limitarla, ya que “la negociación colectiva y debilita el movimiento sindical, en clara contravención del principio de libertad sindical consagrado en los Convenios 87 y 98 de la OIT. En su lugar, se reafirma que la negociación colectiva debe ser ejercida exclusivamente por organizaciones sindicales legalmente constituidas, como expresión del derecho de asociación y herramienta fundamental para el equilibrio entre empleadores y trabajadores“.
(Vea: ‘Estamos haciendo el esfuerzo por reducir la informalidad debajo del 50%’).
Y dejaron claro que la consulta popular debería tener como uno de sus objetivos lo que denominaron como la recuperación de derechos laborales suprimidos, “especialmente aquellos eliminados por la Ley 789 de 2002”. Con ello, afirmaron, se podrían mejorar los ingresos de los trabajadores.
“Esa Ley, implicó un retroceso en cuanto a la remuneración por trabajar en la noche, los días de descanso, a la compensación por despidos arbitrarios y la des laboralización legal del contrato de aprendizaje. La evidencia demuestra que tales medidas no cumplieron sus promesas y aumentaron la desprotección de la clase trabajadora. En consecuencia, el cuestionario propone su restablecimiento integral“, manifestaron.
Finalmente, explicaron que su propuesta se hizo apegada a los requisitos legales y jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional para las consultas populares, “en cuanto a claridad y lealtad, objetividad, pertinencia e interés general”, y que va en línea con los puntos más importantes de la hundida reforma laboral.
“El movimiento sindical está comprometido con la consulta popular que hemos pedido por décadas y que este Gobierno ha tratado de conceder al pueblo colombiano y esta propuesta de preguntas es una expresión más de nuestro compromiso, como lo será también nuestra movilización decidida en todo el territorio nacional“, dijeron los sindicatos.
(Vea: Contraloría advierte gestión ineficiente del Gobierno contra la informalidad laboral).
Según aseveró el Mintrabajo Sanguino, la solicitud de consulta popular será radicada en el Congreso de la República el próximo lunes 21 de abril. Ese mismo día se conocerían las preguntas que se harían en ese mecanismo.
PORTAFOLIO
