Un estudio realizado por el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) habría evidenciado fallos e inconsistencias en los datos que entregan las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
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Según informó el Gobierno Nacional, el análisis tuvo lugar en noviembre de 2024 y se realizó como un ejercicio de contrastación para examinar el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), indicador al que se le aplicó un aumento del 5,3% para este año.
Entre los resultados que destaca el informe se incluye un incremento en las frecuencias reportadas de algunos servicios de salud. Aquí se resaltan alzas en actividades como la atención domiciliaria, que presentó una subida del 97,8% entre 2022 y 2023; radiología, con un crecimiento del 79,7%, y laboratorio clínico, con un 77,9%.
También se observaron aumentos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%).
De acuerdo con el Ejecutivo, estos incrementos contrastarían “con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo período, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud (Rethus), que reportó un aumento del 3,1% en el número de médicos generales y un incremento del 3,6% en la capacidad de consultorios de medicina general”.
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Otra de las inconsistencias que destaca la investigación tiene que ver con los servicios relacionados con el cáncer. El estudio menciona que las frecuencias asociadas a estas actividades aumentaron cerca de un 53% entre 2022 y 2023. Esto, “pese a que la incidencia de esta enfermedad solo crece a una tasa promedio del 4% anual en el país”.
El reporte también señala que el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y que el 23% no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed). Así mismo, se detectó que el 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, lo que generó un costo adicional de 138.000 millones de pesos al sistema.
Como parte de las recomendaciones derivadas del estudio, el Minsalud y la Adres resaltaron la necesidad de implementar una metodología más robusta para el cálculo de la UPC. Además, de realizar una depuración estricta de los datos reportados por las EPS para identificar, corregir inconsistencias y validar la información frente a bases externas.
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Críticas al aumento de la UPC
Desde diferentes frentes se ha cuestionado el ajuste para este 2025 de la UPC. Las críticas se fundamentan en que el porcentaje fijado, de 5,3%, no solo no permitiría cubrir las necesidades de atención de la población, sino que también afectaría a los demás actores que integran el sistema.
Voces del sector salud también han señalado que resulta insuficiente para cubrir el incremento del salario mínimo establecido en un 9,54%. Misma razón por la que se ha solicitado revisar el cálculo y hacer un reajuste.
En ese sentido, se ha considerado que es fundamental que el Gobierno, en conjunto con los prestadores de servicios de salud, realice una estimación más precisa de los costos reales de operación, considerando el incremento en la demanda de servicios y los crecientes costos asociados.
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