En un ejemplo de justicia para la región, Perú condenó el pasado martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir tres millones de dólares en aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2011 y 2006, respectivamente.
Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura del fallo, que puso fin a más de tres años de audiencias contra el exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016, convirtiéndose así en el segundo exgobernante condenado por la justicia de su país de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
El expresidente de Perú Ollanta Humala (c) es llevado por la Policía Nacional tras oír su sentencia. Foto:EFE
A su vez, su esposa, Nadine Heredia, de 48 años, para muchos considerada el “cerebro” detrás de los actos de Humala, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos.
No obstante, debido a que su participación en la audiencia fue virtual, antes de su detención, Heredia se refugió en la embajada de Brasil donde ella y su hijo menor “obtuvieron la concesión de asilo diplomático” por parte del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La noche del miércoles, ya estaban en São Paulo.
Y si bien, desde la perspectiva de los expertos consultados por este diario, Perú ha demostrado una capacidad institucional destacable para investigar y judicializar casos de corrupción, “la combinación de desconfianza institucional y persistencia de prácticas corruptas sugiere que los desafíos estructurales en la lucha contra la corrupción siguen siendo profundos y requieren reformas sostenidas a largo plazo”.
Es la primera vez que un expresidente en la región es condenado por el delito específico de financiamiento ilegal de campaña ligado a Odebrecht
Así lo considera Eduardo Ruiz, analista para la región andina de Control Risks al destacar que, en las últimas tres décadas, “seis expresidentes peruanos han enfrentado investigaciones o han sido condenados por actos relacionados con corrupción, en contraste con otros países de la región, donde la falta de voluntad política, la debilidad de las instituciones y la interferencia en los procesos judiciales han dificultado tanto las investigaciones como la imposición de sanciones efectivas”.
De igual manera, el abogado penalista y procesalista Juan Francisco Navarrete Riveros, explica que la condena a Humala sienta un precedente importante porque “es la primera vez que un expresidente en la región es condenado por el delito específico de financiamiento ilegal de campaña ligado a Odebrecht”.
Sin embargo, aclara que, para que se convierta en jurisprudencia regional o impulse un cambio estructural, se requeriría una oleada de fallos similares en otros países. “En ausencia de eso, puede ser interpretado como un caso aislado, más producto de una coyuntura institucional única en Perú que de un cambio regional sostenido”, agrega.
¿Por qué el caso de Perú sobre condenas del caso Odebrecht es particular en América Latina?
Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala. Foto:EFE
Y es que la condena de Humala contrasta con lo ocurrido en Brasil, epicentro del escándalo de Odebrecht, donde las investigaciones bajo la llamada operación ‘Lava Jato’ produjeron múltiples condenas, incluida la inicialmente impuesta a Luiz Inácio Lula da Silva que pasó 580 días en prisión, pero que luego –como la mayoría- fue anulada por vicios procesales.
Por este caso, la Justicia ya ha condenado o investiga a otros destacados políticos latinoamericanos como el expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014); el vicepresidente de Ecuador Jorge Glas; el antiguo ministro de Industria y Comercio de República Dominicana, Juan Temístocles Montás Domínguez; o el exministro y candidato a la presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, entre otros.
“Sin embargo, en países como Colombia, México y Argentina, los avances han sido más tibios o politizados”, destaca Ruiz.
Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en varios países de la región desde inicios del siglo.
Se requieren reformas profundas que garanticen trazabilidad en los aportes, límites reales a las donaciones privadas, mecanismos de control autónomos y efectivos, y sanciones ejemplares para quienes violen la ley
En el caso particular de Perú, el escándalo implicó también a los expresidentes Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006), condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Eso sí, “mientras que el resto de los expresidentes peruanos fueron investigados principalmente por actos de corrupción directa, como el cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones de obra, a Humala se le juzgó por un tema de financiamiento ilegal de campaña financiada con dinero proveniente de Odebrecht”, explica por su parte Navarrete.
“Es un matiz jurídico crucial: no se trata del uso del poder público para enriquecerse, sino de haber accedido a él mediante recursos de origen ilícito”, puntualiza el abogado.
¿Qué cambios deberían implementar los países tras el caso Odebrecht? Economía, la más perjudicada
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Foto:AFP
Para Ruiz, el caso Odebrecht también pone de relieve la necesidad urgente de fortalecer los marcos regulatorios y de control. “Se requieren reformas profundas que garanticen trazabilidad en los aportes, límites reales a las donaciones privadas, mecanismos de control autónomos y efectivos, y sanciones ejemplares para quienes violen la ley”, señala.
Y es que, aunque el escándalo generó mayor conciencia sobre la corrupción en la contratación pública, los cambios estructurales han sido limitados y desiguales en la región.
“En algunos países se implementaron reformas normativas y mejoras en la transparencia, como licitaciones electrónicas y más requisitos de cumplimiento, pero en muchos otros las prácticas opacas y discrecionales persisten cuando la relación entre política y grandes empresas, especialmente aquellas que contratan con el Estado, sigue siendo una zona de alto riesgo”, explica Ruiz.
El expresidente peruano Alejandro Toledo. Foto:AFP
No obstante, los expertos advierten del serio impacto que tienen este tipo de escándalos, en especial, en las arcas públicas de los distintos países.
“En Brasil, por ejemplo, el escándalo contribuyó a una pérdida de más de 250.000 millones de dólares en el valor de mercado de Petrobras y a la suspensión de 16 proyectos de infraestructura en seis países, valorados en 5.700 millones de dólares”, dice Ruiz al reconocer que los Estados han sufrido pérdidas económicas colosales frente a resultados judiciales limitados, con pocas condenas y escasa recuperación de los fondos públicos desviados.
Además, las investigaciones han sido prolongadas y costosas, sin avances sustantivos.
Es poco probable que en el corto plazo veamos procesos judiciales similares en otros países. “Esto se debe a múltiples factores: la falta de independencia del poder judicial, la corrupción en las instituciones públicas y la debilidad de los sistemas de control interno.
“Si bien es cierto que el escándalo tuvo un efecto disuasorio temporal, los incentivos para la corrupción siguen ahí y las relaciones entre élites políticas y empresariales no han cambiado en esencia. Una combinación de factores que reduce considerablemente la probabilidad de que se repitan condenas como la de Humala en el resto de la región”, sentenció Navarrete.
Por su parte, Ruiz destaca que es poco probable que en el corto plazo veamos procesos judiciales similares en otros países. “Esto se debe a múltiples factores: la falta de independencia del poder judicial, la corrupción en las instituciones públicas y la debilidad de los sistemas de control interno. Además, en varios países los casos Odebrecht se han diluido o frenado por presiones políticas, pactos de impunidad o una falta de voluntad real para llevar a los altos responsables ante la justicia”.
STEPHANY ECHAVARRÍA NIÑO – EDITORA INTERNACIONAL – EL TIEMPO @stephechavarria
(*) Este artículo contó con la colaboración en reportería de Juliana Castellanos Guevera y Carlos José Reyes García desde Bogotá
