BELLADÈRE, Haití — Camiones tipo jaulas que parecen diseñados para transportar ganado hacen fila cada mañana en la frontera entre Haití y la República Dominicana.
Pero los vehículos en el cruce fronterizo Elías Piña están llenos de haitianos que están siendo deportados por las autoridades migratorias dominicanas. Entre ellos figuran hombres jóvenes, mujeres embarazadas, niños y algunas personas que nunca han vivido en Haití.
Desde octubre, más de 71 mil personas han sido deportadas a Haití. Rose-Mieline Florvil, de 24 años, que vivió en la República Dominicana menos de un año, dijo que agentes de inmigración irrumpieron en su casa en Santiago, en la parte norte del País, un día antes del amanecer y dijeron algo como: “Negra, ven aquí”.
“No podía correr porque estoy embarazada”, dijo.
La extraordinaria ola de deportaciones refleja una nueva y estricta política inmigratoria por parte de un País con un historial con carga racial con Haití.
Los dos países comparten la isla de Hispaniola, y República Dominicana, el mucho más próspero de los dos, ha hecho sonar alarmas cada vez más fuertes sobre asumir la carga de lo que los expertos dicen que es un Estado vecino fallido.
Los problemas en Haití —la creciente violencia de las pandillas, una infraestructura de salud en ruinas y un Gobierno sin líderes electos e incapaz de revertir la caída del País— han desencadenado un éxodo de personas que buscan seguridad y medios de sustento.
Como resultado, los inmigrantes haitianos están utilizando una proporción cada vez mayor de los servicios del Gobierno dominicano, incluyendo salud pública, dicen los funcionarios.
Las autoridades dominicanas dicen que ya basta.
“El sentimiento general de la población dominicana es que estamos brindando servicios sociales mayores de los que le corresponde a República Dominicana y que la comunidad internacional nos ha dejado solos para atender las necesidades haitianas”, dijo Roberto Álvarez, el Ministro de Relaciones Exteriores.
Desde que el último Presidente de Haití fue asesinado hace más de tres años, el País se ha visto convulsionado por la violencia de las pandillas que ha dejado más de 12 mil personas muertas y obligado a casi 800 mil a abandonar sus hogares.
Los funcionarios dominicanos dicen que su País no debería servir como válvula de escape. Aprovechando una ola de nacionalismo, el Presidente Luis Abinader anunció en octubre una política de inmigración más estricta.
Además de las redadas masivas, dijo que reforzaría los controles en la frontera y desplegaría unidades especializadas para tomar acciones contra los inmigrantes y los traficantes de personas.
Pero los grupos de derechos humanos dicen que las deportaciones han estado plagadas de una falta de debido proceso. Los activistas dicen que los agentes de inmigración se están llevando a los negros, independientemente de su estatus de residencia.
Al País le molestan las acusaciones de que su política inmigratoria es xenófoba, dijo Álvarez. “Todos los países lo hacen”.
República Dominicana eliminó el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados en el 2010. Tres años más tarde, el tribunal constitucional dictaminó que la medida podría implementarse retroactivamente —convirtiendo en apátridas a decenas de miles de personas nacidas en el País de padres haitianos.
En el 2017, había casi 500 mil haitianos en República Dominicana y los expertos estiman que la cantidad puede haberse duplicado desde entonces. Muchos expertos dicen que los haitianos trabajan en industrias como la construcción y la agricultura que impulsan la economía dominicana.
Pero muchos dominicanos resienten su presencia. Pelegrín Castillo, vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista, que ha liderado el movimiento nacionalista, dijo: “Si la comunidad internacional no va a asumir su responsabilidad, los dominicanos vamos a defender lo que es nuestro”.
